La huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), a pesar de que está dando mucho que hablar dentro del ámbito jurídico, apenas está teniendo cobertura mediática, lo que da una idea del poco interés que genera el mundo de la Justicia, y mucho menos en época de precampaña electoral.
No es ningún secreto: la Administración de Justicia no da votos, y lo que ocurra en el día a día de los Juzgados y Tribunales parece que solo interesa a los que nos dedicamos a ello.
Y resulta curiosa esa falta de interés, porque dentro de los juzgados se resuelven derechos.
Desde Brújula Legal hemos querido conocer de primera mano qué está pasando realmente con la huelga de los LAJ, por lo que, tras contactar con la Letrada de la Administración de Justicia Doña Elena de la Vara, nos ha concedido esta entrevista para darnos su punto de vista sobre esta huelga que entra ya en su octava semana de duración.
Brújula Legal: Mucha gente desconoce la función de los LAJ, ¿podría explicarnos qué hace un LAJ?
Elena de la Vara: Los Letrados de la Administración de Justicia somos un cuerpo jurídico superior que ostenta la fe pública judicial y la dirección de la oficina. En cristiano, para todo el mundo, somos los notarios del juzgado. Damos fe, y por ello somos responsables, de todo lo que ocurre en el juzgado., de que todas las actuaciones se realicen conforme a la ley. Además, somos los directores de la oficina, organizamos y dirigimos el trabajo del resto de cuerpos funcionariales, dirigimos los procedimientos y resolvemos ciertos asuntos como los divorcios de mutuo acuerdo cuando no hay menores, expedientes de jurisdicción voluntaria, subastas, embargos, tasaciones de costas… Es un trabajo muy variado con muchas vertientes.
BL: ¿Qué carencias tienen actualmente los juzgados y qué cree que se podría mejorar?
EDLV: El principal problema que tiene la administración de justicia es la falta de medios. No se invierte nada en justicia y eso ocasiona el colapso de la misma. Los sistemas con los que contamos a nivel material para desarrollar el trabajo sonrojarían a cualquier empresa privada. Están completamente obsoletos. A todo esto, hay que sumarle la falta de medios humanos. Hay muy poco personal y muy pocos juzgados para el volumen de trabajo que se tiene. Esto produce un impacto directo en la calidad de la atención al ciudadano y de la tutela de sus derechos e intereses. Es especialmente grave porque hay que tener en cuenta que estamos hablando, en muchos casos, de la tutela de derechos fundamentales y de, nada más y nada menos, que de un poder del Estado democrático.
BL: Anteriormente eran Uds conocidos como Secretarios Judiciales, ¿en qué han cambiado sus funciones desde la nueva denominación? ¿Esto ha supuesto un aumento de la carga de trabajo?
EDLV: El cambio de nombre es una cuestión terminológica, no cualitativa. Sin embargo, sí que se ha producido un importante aumento de nuestras funciones y de carga de trabajo desde el año 2009, en consonancia con las reformas que desde el año 2002, han ido impulsando la modernización de la justicia. En este sentido, desde el 2009 se nos ha atribuido la dirección de la oficina judicial, las ejecuciones, expedientes de jurisdicción voluntaria, el Registro Civil, la admisión de las demandas, la dirección del procedimiento…
BL: ¿Nos podría resumir los motivos de la huelga y cuáles son las reivindicaciones de los LAJ?
EDLV: Los motivos son, esencialmente, que este enorme incremento de responsabilidad que se viene dando desde el 2009 no ha sido acompañado del debido incremento salarial. En el mencionado año se acordó postergar esta adecuación salarial por la situación de crisis económica que atravesaba el país. No obstante, catorce años más tarde, continuamos sin ella.
Parecía que esta situación se iba a solucionar en el 2021 porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplaba la obligación de llevar a cabo esta adecuación salarial. Desgraciadamente, esto no se produjo, lo que dio lugar a varios parones a comienzo del 2022 que culminaron en unas negociaciones con el Ministerio de Justicia que, a su vez, dieron lugar a una serie de acuerdos con nuestras asociaciones profesionales. Nuestra sorpresa fue que, en el momento de incluir legislativamente los mismos, el Gobierno los vetó. Ese es el motivo fundamental que ha dado lugar a esta penosa huelga indefinida: las mentiras y falta de cumplimiento del Ministerio de Justicia de sus propios acuerdos y el desprecio y ninguneo a nuestro Cuerpo. En resumen, pedimos que se nos pague lo que se nos debe como A1 de justicia y la negociación colectiva propia, que es nuestro principal problema, porque los sindicatos generalistas que, por ley, nos representan lo hacen también con el resto de Cuerpos funcionariales que dirigimos. Esto es un choque directo de intereses que ocasiona un completo abandono al Cuerpo por su parte, en el mejor de los casos. Desgraciadamente estos que dicen representarnos atacan directamente y buscan un perjuicio directo para el Cuerpo como estamos viendo en esta huelga, la cual intentan boicotear.
BL: ¿Qué postura mantiene el Ministerio de Justicia frente a la huelga de los LAJ? ¿Ha habido algún acercamiento?
EDLV: La postura del Ministerio es esencialmente el desgaste. La irresponsabilidad. Está permitiendo que la justicia de este país viva una situación de la que va a tardar años y años en recuperarse, afectando directamente a los ciudadanos con tal de no cumplir con su obligación. La postura del Ministerio se basa en la mentira, en el insulto y en el ninguneo continuo. Se vale de fake news, tergiversaciones… para intentar quemar al Cuerpo y que desistamos de la huelga. Incluso en las “negociaciones” que se ha dado con nuestro comité de huelga el Ministerio se ha negado a negociar. Es una postura profundamente irresponsable y antidemocrática. La situación que estamos viviendo es verdaderamente preocupante, no ya por nosotros, sino por lo que implica para todo un país y para su calidad democrática que un Ministerio actúe de esta manera ante el ejercicio de un derecho fundamental y el colapso de una de sus Administraciones y poderes del Estado.
BL: ¿Cree que se va a poder llegar a algún acuerdo que ponga fin a la huelga?
EDLV: Sinceramente, no creo que sea posible que se pueda llegar a ningún acuerdo con el equipo ministerial actual. Han demostrado una incapacidad absoluta para estar a la altura de la situación. Lo primero es su cese. Nosotros estamos deseando negociar y llegar a acuerdos. Acuerdos que, eso sí, sirvan para dignificar al Cuerpo. Hemos llegado a esto porque no aguantamos más.
BL: Una de las consecuencias de la huelga está siendo la suspensión de los juicios y mucha gente se pregunta si realmente es necesaria la presencia del LAJ en la celebración de una vista. ¿Qué opinión tiene al respecto?
EDLV: Mi opinión es, en primer lugar, que el artículo 453 de la LOPJ deja claro que la función de documentación y de la fe pública es del LAJ. Una función que, además, ejercemos con plena autonomía e independencia, nadie nos puede decir cómo hacer este trabajo. No solo firmamos cosas, sino que la forma de documentar el acto y el acta es nuestra responsabilidad. La grabación de las vistas supone un acta electrónica, pero no puede haber acta si no hay Letrado de la Administración de Justicia. No hay nada que firmar. No hay acto documentado. Que no tengamos que estar presencialmente en sala para levantar esta acta electrónica no significa que no tengamos que estar.
Hay que añadir también que el artículo 238 de la LOPJ establece como causa de nulidad de pleno derecho, radicalmente nulo, que se celebren las vistas sin la preceptiva intervención del LAJ. Y hay que recordar que las normas de derecho público, como son las que regulan la fe pública, no son disponibles por las partes, ni por el juez y que es una garantía procesal básica.
Considero que la crítica al funcionamiento de las cosas es buena, pero siempre dirigida a conseguir un mejor rendimiento y garantía de los derechos. Lo que me parece que no se puede hacer es pasarse por alto las normas con las que jugamos porque no interesen en un determinado momento social o porque no nos guste el que tiene que llevarlas a cabo. Más aún cuando tienen como finalidad una suerte de esquirolaje destinado a limitar las consecuencias de una huelga y la afectación de un derecho fundamental en un ejercicio inaceptable de autoritarismo. No me parece que sea algo a aplaudir ni a fomentar en una sociedad sana democráticamente.
BL: ¿Cree que se podría avisar con antelación a los Abogados de la suspensión de un juicio sin que la huelga deje de surtir sus efectos?
EDLV: Creo que lo que no se puede es obligar a un trabajador a decir si hace o no hace huelga. Esto lo garantiza el propio derecho a la huelga. A partir de ahí, lo que cada uno o una decida hacer es cosa suya. Una huelga produce daños. Es una cosa de la que nadie se alegra, ni desea, pero que es así. Intentar deslegitimar a un huelguista, no solo en esta huelga, en cualquiera, por no avisar, intentar reducir los daños… etc me parece profundamente peligroso por lo que puede suponer a ese derecho. Me parece todavía más preocupante que este tipo de cosas vengan de gente que se dedica a la justicia, el poder del Estado que tiene que velar por su respeto.
Hay que distinguir lo que es una postura ética personal de una obligación y una herramienta de reproche y de presión a un huelguista.
BL: Cuando se levante la huelga ¿hay prevista alguna medida para poner al día los retrasos que se están causando en los procedimientos?
EDLV: Se habla de planes de refuerzo…, pero no me consta que exista nada por escrito que resuelva este problema. No obstante, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia tiene las mejores intenciones respecto a profesionales y ciudadanos para que esto se solucione lo antes posible y que el impacto sea el mínimo. No podemos decir lo mismo, a día de hoy, del Ministerio de Justicia.
El equipo que forma Brújula Legal está realizando gestiones para conocer la versión del Ministerio de Justicia sobre la huelga de los LAJ y, en caso de obtener una respuesta, les tendremos informados del resultado en una próxima publicación.
