La reforma del delito de sedición y las enmiendas planteadas

Ante la polémica desatada y la gran cantidad de informaciones inexactas al respecto, analizamos algunas cuestiones legales relacionadas con el Tribunal Constitucional.

Por José Enrique Carrero-Blanco
Abogado y miembro del Consejo Editorial de Brújula Legal.

Este año correspondía la renovación parcial del Tribunal Constitucional, que, conforme al art. 159 de la Constitución (se renueva cada tres años la tercera parte), y tocaba los dos a propuesta del CGPJ y los dos a propuesta del Gobierno, pero legalmente se tenía que llevar a efecto los cuatro a la vez. Pues bien, debido a que el CGPJ lleva sin renovarse desde hace cuatro años (aprovechamos y rescatamos nuestro articulo La renovación del CGPJ: desmontando mitos y el enquistamiento que se produjo en el seno del Consejo, a pesar de la dimisión de Lesmes como presidente, no se produjo acuerdo para designar a los dos magistrados que le corresponden nombrar, no pudiendo tomar posesión los candidatos propuestos por el Gobierno.

Así que, el Gobierno aprovechando que los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, habían presentado una proposición de ley orgánica para reformar el delito de sedición, para introducir una serie de enmiendas, entre las que se encuentran las que van destinadas a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional con el fin de facilitar los nombramientos de los magistrados propuestos por el Gobierno, con el fin de cambiar la mayoría necesaria para que el CGPJ pueda nombrar a los magistrados y que no sea necesario esperar al nombramiento de los cuatro magistrados.

Ante esta jugada de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, el PP decidió interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que este órgano paralice la tramitación parlamentaria. Entre tanto, se han difundido bulos, como confundir el CGPJ con el Tribunal Constitucional, o que este Tribunal lleve más de cuatro años sin renovar, en los que se ha acusado de golpistas y prevaricadores a los magistrados del Tribunal, desde Brújula Legal, intentaremos arrojar algo de luz al respecto.

¿El Tribunal Constitucional que es lo que va a hacer? ¿Va a entrar en el fondo de la reforma?

Como ya adelantamos el TC lo que va a hacer es resolver un recurso de amparo, no un recurso de inconstitucionalidad. No va a entrar, o no debería entrar, en el fondo de la reforma, que, dicho de paso, siguiendo su propia doctrina, salvará la constitucionalidad de la norma ya que el legislador tiene la potestad de cambiar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial a los efectos de nombrar magistrados del Tribunal Constitucional. Esto lo comentamos porque en las redes sociales se ha intentado confundir a los usuarios con que el Tribunal iba a cambiar de opinión al respecto.

¿Existe el recurso previo de inconstitucionalidad?

Existió originariamente en la LO 2/1979, del Tribunal Constitucional, el recurso previo contra leyes orgánicas y proyectos de Estatuto de Autonomía, pero que, en 1985 se derogó por el abuso de la oposición de dicha herramienta legal. Y que, en 2015, volvió a recuperarse, pero limitado a proyectos y propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía (artículo 79 LOTC).

¿En qué consiste el recurso previo de inconstitucionalidad?

Pues, de conformidad con el actual texto, consiste en presentar un recurso para que el TC resuelva si es o no constitucional una reforma de Estatuto de Autonomía, antes de que se publique en el BOE. Ha de hacerse dentro de tres días desde su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

¿El Tribunal Constitucional puede suspender cautelarmente un acuerdo de la Mesa del Congreso?

La respuesta es si. El art. 56 LOTC establece esa posibilidad. Y ¿qué dice el citado artículo?

Artículo cincuenta y seis

1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados.
2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona.
3. Asimismo, la Sala o la Sección podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y resoluciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza, puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso pierda su finalidad.
4. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo, antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo. El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo común que no excederá de tres días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala o la Sección lo creyera necesario. La Sala o la Sección podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que pudiera seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitución de caución suficiente para responder de los daños o perjuicios que pudieran originarse.
5. La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse. Su fijación y determinación podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia.
6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno.

¿Existe algún precedente?

La respuesta es si. Y no fue hace mucho tiempo, y fue a instancia del PSC en 2017. El auto 134/2017 de 5 de octubre acordó suspender cautelarmente, conforme al art. 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados.

¿En qué se basa el Grupo Popular para recurrir en amparo?

Partiendo de la base de que no tenemos acceso al contenido del escrito presentado y sobre el que resolverá el TC, barruntamos que trata de un recurso de amparo por vulneración del derecho a la participación en asuntos públicos del art. 23.2 CE por introducir una enmienda que modifique una ley distinta al que es objeto de la iniciativa legislativa. Es decir, por pretender, como ya dijimos, reformar dos leyes distintas cuando la reforma consistía en reformar el Código Penal.

¿Lo que hizo la mesa del Congreso es constitucional al admitir a trámite enmiendas que pretenden reformar otras leyes?

La respuesta, desde nuestro punto de vista, es no y a la jurisprudencia del TC nos remitimos. De hecho, la Sentencia 119/2011 ampara a los senadores socialistas por la “admisión como enmiendas de unos textos que no guardaban relación material alguna con la iniciativa legislativa a enmendar”. Aunque, dicho esto, no sería la primera vez que el Tribunal Constitucional cambia de criterio.

¿Qué argumentó el TC para amparar a los senadores socialistas?

Sin animo de ser exhaustivo, cito una parte de la Sentencia que es bastante clarificadora, y circunscribiéndola al caso expuesto en su momento al Tribunal: “En atención a la doctrina expuesta, que aquí dada la naturaleza del presente recurso debemos circunscribir al problema que plantean las enmiendas en el Senado, debe concluirse que la decisión de la Mesa del Senado, negándose a realizar el juicio de homogeneidad de las enmiendas con el texto a enmendar solicitado por los Senadores recurrentes, supuso una infracción de la legalidad parlamentaria. Esta infracción se ve confirmada, además, por el hecho patente de la más absoluta desconexión entre el proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de arbitraje, cuyo única finalidad era modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para atribuir determinadas competencias en materia de arbitraje a los Juzgados de lo Mercantil y la enmiendas admitidas a trámite por la Mesa del Senado, cuyo objeto era modificar el Código Penal añadiendo tres tipos penales relacionados con la convocatoria ilegal de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum y el allegar fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos así como a los partidos, entes o grupos parlamentarios que los sucedan, cuestiones manifiestamente ajenas a la determinación de una competencia procesal en materia de arbitraje.”

¿Qué va a resolver el TC en este caso?

Desde Brújula Legal, y a la hora que hemos escrito este artículo, lo desconocemos por completo. No obstante, cuando el TC resuelva lo que estime pertinente, lo comentaremos.

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