Apenas algún extremista intransigente dirá que los Acuerdos de Viernes Santo no trajeron nada bueno. Sólo por que propiciaron el fin del terrorismo del I.R.A. merecen no pocos elogios. Claro está, como toda obra humana son imperfectos. Poco margen les queda a los norirlandeses para empeorar su valoración del sistema político que les instauraron en 1998.
Cualquier diría que el Parlamento británico planificó a propósito un sistema político incapaz de funcionar cuando aprobó la ley llamada Acta de Irlanda del Norte de 1998. No siempre resulta fácil explicar una comparativa de Derecho Constitucional. Pero, esta vez, los españoles contamos con ventaja, ya que las tensiones político territoriales, incluido el terrorismo, por desgracia son viejos conocidos nuestros.
Bien, imaginemos que el Estatuto de Autonomía vasco o catalán dijera que para formar gobierno o aprobar leyes en esos territorios no basta una mayoría de sus Asambleas Legislativas. Además, esa mayoría tendría que componerse del voto favorable de la mayoría diputados independentistas/nacionalistas y de la mayoría de los constitucionalistas. Vemos el problema ¿no?
Con pocos matices, esa es más o menos la situación política en Irlanda del Norte. ¡Ah! La mayoría de esos pocos matices suponen complicaciones añadidas.
En el Parlamento de Irlanda del Norte, diputados y partidos han de registrarse como nacionalista, unionista u otro -apenas existentes. También llamados republicanos, en el primer grupo se integran los partidarios de la reunificación de Irlanda. Como su propio nombre indica, los unionistas defienden la permanencia en el Reino Unido. Durante la legislatura, no es posible cambiar de adscripción, salvo en situaciones cuidadosamente tasadas, para evitar el transfuguismo.
Su gobierno está configurado como una diarquía: dos individuos comparten los mismos poderes. Pese a la diferencia nominal entre el Ministro Principal y su Deputy, o sea, Viceministro Principal, el Acta de 1998 deja claro que la Jefatura de Gobierno la componen ambos conjuntamente. Por tanto, han de ponerse de acuerdo, entre otras cosas para nombrar y cesar ministros.
Si la memoria no me falla, al margen de Irlanda del Norte, sólo San Marino mantiene esta forma de gobierno. Sin embargo, así como los Capitanes Regentes de San Marino pueden compartir ideología e inclusive partido, en Irlanda del Norte es obligatorio que el Ministro Principal y el Viceministro Principal sean políticamente antagónicos. Para colmo, el gobierno ha de componerse de una mitad unionista y otra nacionalista.
Por la misma lógica, la aprobación de ciertas leyes exige que las apoye la mayoría de diputados unionistas y nacionalistas. ¿Y de qué leyes se trata? Pues a primera vista no demasiadas. El Acta de 1998 (art. 7.2) establece por defecto que la modificación de la composición y sistema de elección del parlamento exige de este cross-community support, o apoyo de ambas comunidades.
Hasta donde yo sé, sólo la Casa de los Pueblos, el senado de Bosnia-Herzegovina, donde los legisladores se agrupan en croatas, bosnios o serbios, opera con un procedimiento similar. La teoría propugna que tales sistemas propician acuerdos entre diferentes. La práctica suele disentir coleccionando bloqueos.
El problema es que el art. 42 del Acta de 1998 abre la puerta a generalizar este sistema de votación, mediante la petition of concern, literalmente petición de preocupación. Si un tercio de los diputados o sea 30, manifiesta al Speaker, o sea, al Presidente del Parlamento, que la ley que se está votando afecta a de algún modo a la paz social en Irlanda del Norte o a los fundamentos constitucionales del territorio, la norma sólo podrá aprobarse mediante el sistema del cross-community support.
No es necesario que en esos 30 diputados mezclen nacionalistas y unionistas. De hecho, pueden ser todos unionistas o nacionalistas. Lo único que se exige es que al menos un diputado no sea del mismo partido que el resto o no esté adscrito a algún partido. Ninguno de los dos bandos suele tener problemas para reunir esos treinta diputados entre varios partidos de su cuerda.
Ahora bien, imaginemos que en un momento dado sólo hubiese un partido unionista con… digamos 40 diputados. El resto son nacionalistas. No hay problema. Basta con que uno de ellos abandone el grupo parlamentario y pase a ser un diputado no adscrito, un diputado del grupo mixto y ya está hecho el apaño.
En la práctica, casi todas las leyes mínimamente controvertidas acaban sometiéndose a este procedimiento parlamentario. Así los Unionistas acudieron al petition of concern, para evitar cuatro veces la aprobación del matrimonio homosexual, pese a una nítida mayoría favorable en el hemiciclo.
Con este panorama no nos sorprenderá que, en 2002, apenas cuatro años después de su implantación, la confianza entre unionistas y nacionalistas se rompiera. Ante la imposibilidad de poner en marcha su gobierno, el Primer Ministro, Tony Blair, aprobó en Westminster la suspensión del autogobierno de Irlanda del Norte.
Este 155 anglosajón no se levantó hasta 2007. Durante ese periodo los poderes del gobierno y, en gran medida, del parlamento norirlandeses pasaron a la secretaría de Estado de Irlanda del Londres.
Entre 2017 y 2020, se dio de nuevo la imposibilidad de formar gobierno, al romperse la coalición entre unionistas y conservadores en el marco del post Brexit. Sin embargo, entonces el gobierno conservador de Theresa May no se atrevió a suspender las instituciones norirlandesas. Al haber perdido su mayoría absoluta en las elecciones de 2017, la Premier tory necesitaba los votos del Partido Democrático Unionista norirlandés.
¡Ojo! En Irlanda del Norte no existe el “gobierno interino”. Entre 2017 y 2020 nadie se mantuvo en funciones, como ocurre aquí entre elección y elección, sino que los despachos políticos estaban vacíos y los funcionarios descabezados. ¿Entonces qué ganaban los norirlandeses? En realidad, nada, pero, sin la suspensión, los diputados de Irlanda del Norte podían seguir cobrando.
Al final, a los Unionistas les salió el tiro por la culata. El Parlamento Británico acabó reformando el Acta de 1998 para facilitar nuevas elecciones en Irlanda del Norte y, además, los laboristas introdujeron algunas enmiendas que homologaron a la región en materias de interrupción del embarazo y matrimonio del mismo sexo al resto del país.
En 2020 los norirlandeses volvían a tener gobierno, pero la alegría duró poco. Desde el año pasado, cuando el Sinn Fein, el partido nacionalista más comprometido con la reunificación de Irlanda ganó las elecciones, la sede gubernamental quedó otra vez vacante.
Tal vez el próximo gobierno británico debería estudiar la conveniencia de reformar de nuevo el Acta de 1998, para evitar los abusos de los grupos políticos sobre los norirlandeses. Aunque a menudo cueste creérselo, en una democracia, los ciudadanos tenemos derecho al buen funcionamiento de nuestra Administración.
