¡Cuidado! Su abogado de oficio también cobra

¡Cuidado! Su abogado de oficio también cobra

«Ponga las manos done pueda verlas. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Si no tiene designado un abogado, se le proporcionará uno de oficio». De existir, el premio gordo en un concurso de leyendas jurídicas probablemente se lo llevaría la extendida idea de que abogado de oficio es igual a abogado gratuito.

Por Gloria Mbilla Sekor

“Si no tiene abogado se le asignará uno de oficio”, seguro que todos hemos escuchado esta frase cientos de veces; cómo no hacerlo, forma ya parte del imaginario colectivo del que bebemos, gracias, en parte, al género policíaco de cine.

Quizás precisamente sea ese el motivo por el que está, erróneamente, extendida la idea de que obtener un abogado de oficio implica asistencia gratuita, como si automáticamente lo proporciona la Administración sin coste alguno. A pesar de este mito, esta idea no es del todo cierta y lleva a muchas personas a confusión.

Vamos por partes. Es cierto que en la inmensa mayoría de procesos judiciales existe la obligación de contar con un abogado, sea de elección propia o de oficio. ¿Por qué? Pues, entre otros motivos, para cumplir con el principio procesal de igualdad de armas, por el cual las dos partes del proceso, demandante y demandado, deben contar con igualdad de recursos para enfrentar dicho proceso judicial.

También es necesario actuar conforme al artículo 119 de la Constitución Española, que establece que «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.” Por otra parte el artículo 24 de la Constitución Española imprime la obligación de que las partes puedan hacer valer sus intereses sin que exista indefensión, de lo que se deduce que es necesario que la Administración de Justicia supla dicha necesidad en caso de que alguien no pueda costearla.Vamos, que hay un sinfín de garantías legales para que nadie acuda a juicio sin defensa.Ahora bien, hay que distinguir la denominada Asistencia Jurídica Gratuita de la obligación de contar con un abogado, y, si es necesario, un procurador de oficio.

Nada mejor que la práctica para entender cómo interactúan el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita. Imagínese que a usted le detienen en una pelea, le ponen a disposición judicial y no tiene preferencia por algún abogado. Como hemos visto previamente, es obligatorio acudir al proceso con uno.En este caso la Administración de Justicia se encarga de ello: ponen a su disposición un abogado/a del Turno de oficio, encargado de su defensa y representación.

El Turno de oficio se entiende como el sistema de defensa y representación que ofrece la Administración a través de los distintos colegios de abogados. Suponiendo que dicha defensa sea, por ejemplo, en Madrid, usted solicitaría un abogado del Turno de oficio de Madrid, que se encargaría de representarle en el juicio por dicha pelea. Ahora bien, la asistencia jurídica gratuita, como su nombre indica, es la representación que obtiene gratuitamente en caso de no tener
recursos suficientes para costearla. El abogado del turno de oficio le asistirá, pero si no demuestra insuficiencia de recursos, el ciudadano deberá abonar los honorarios correspondientes.

Evidentemente esta acreditación de insuficiencia de recursos no es aleatoria, sino que aparece configurada en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y distingue entre personas físicas y personas jurídicas (empresas). En el caso de las personas físicas, y con independencia de si tienen o no recursos para litigar, se ofrece la asistencia jurídica gratuita en los siguientes supuestos:

  • A los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en el orden jurisdiccional social
  • A las Víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos
  • A los menores de edad y personas con discapacidad intelectual
  • A quienes acrediten secuelas permanentes consecuencia de su ocupación laboral

Sin embargo, en caso de no pertenecer a los grupos mencionados, la ley es clara con respecto a los parámetros a cumplir para poder beneficiarse de dicha asistencia. El Índice Público de Renta de Efectos Múltiples, más conocido como IPREM, es el índice empleado para la concesión de ayudas y subsidios, que para el año 2022 se sitúa en 579,02€ mensuales.

Gracias a este dato se puede calcular si una persona es susceptible de recibir asistencia gratuita, teniendo en cuenta los requisitos que establece la ley. Para obtenerla no podrán superar los siguientes umbrales:

a) Dos veces el IPREM, tratándose de personas no integradas en ninguna unidad familiar, es decir 1.158,04€/mes.
b) Dos veces y media el IPREM, cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros, es decir 1.447,55€/mes.
c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro miembros o más, o tengan reconocida la condición de familia numerosa, es decir 1.737,06€/mes.

Por tanto, para cumplir con los preceptos legales previamente mencionados, siempre le será designado un abogado de oficio a un ciudadano que no haya elegido uno de confianza; no obstante, obtener la asistencia jurídica gratuita quedaría condicionada a cumplir con los requisitos económicos que marca la ley.

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