¡Cuidado! Su abogado de oficio también cobra (2ª parte)

¡Cuidado! Su abogado de oficio también cobra (2ª parte)

En la primera parte de este artículo, publicada el pasado lunes, Gloria Mbilla Sekor exponía los requisitos económicos y personales necesarios para la obtención del derecho a la asistencia jurídica gratuita, y apuntaba a la posibilidad de que el abogado designado por el turno de oficio cobrará del justiciable los honorarios correspondientes a su intervención profesional. A raíz de este planteamiento, y tras analizar de forma pormenorizada la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita (en adelante, LAJG), podemos afirmar que la justicia gratuita no siempre es gratuita. Veamos por qué y en qué casos concretos no lo es.

Por Patricia Vadillo
Abogada de Serra & Vadillo, Abogados y miembro del Consejo Editorial de Brújula Legal.

Antes de entrar en materia, se hace necesario precisar que la asistencia jurídica gratuita no solo comprende el derecho a ser asistido por un Abogado de oficio, sino que su contenido es mucho más extenso. Las prestaciones que comporta la justicia gratuita las encontramos en el artículo 6 de la LAJG y son las siguientes:

  • Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio del proceso.
  • Asistencia de Abogado al detenido, preso o investigado.
  • Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial.
  • Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
  • Exención de tasas judiciales, así como del pago de depósitos para la interposición de recursos.
  • Asistencia pericial gratuita en los términos establecidos en la ley.
  • Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad y mercantil.

Como se podrá observar, entre estas prestaciones que acabamos de enumerar ya nos encontramos con los dos primeros supuestos en los que la justicia gratuita no es del todo gratuita, ya que al justiciable le corresponde asumir el 20% de los derechos arancelarios de determinadas actuaciones notariales y de los registros de la propiedad y mercantil. Ahora bien, esta regla general tiene una excepción: si el interesado acredita ingresos por debajo del IPREM, la exención es total y no tendrá que abonar los mencionados derechos arancelarios.

Pero, ¿y qué pasa con el abogado de oficio? ¿En qué casos podrá reclamar sus honorarios? Como ya adelantaba Gloria Mbilla Sekor en la anterior publicación, si finalmente se acredita que el solicitante del derecho tenía recursos suficientes y que sus ingresos superaban el umbral legalmente establecido, éste vendrá obligado a abonar los honorarios ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional. Y no solo los honorarios del abogado, sino también los del procurador de los Tribunales y los de los peritos que hayan intervenido en el proceso (art 18 LAJG).

Pero esa relativa gratuidad no acaba aquí porque, además, existen dos supuestos en los que, aun teniendo reconocido el derecho a la justicia gratuita por insuficiencia de recursos económicos, el justiciable habrá de abonar las minutas de los profesionales intervinientes (art 36 LAJG):

1. Cuando el beneficiario de la justicia gratuita haya sido condenando en costas y, dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso, venga a mejor fortuna. En este caso, deberá abonar, no solo las costas de la parte contraria, sino también las de su propia defensa.

2. Cuando el justiciable haya ganado el pleito, obteniendo un beneficio económico, y la sentencia no contenga expreso pronunciamiento en costas. En este caso, deberá abonar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte del beneficio obtenido.

Como contrapunto a toda esta relativa gratuidad, además de los casos que apuntaba Gloria Mbilla Sekor en el artículo anterior, relativos al reconocimiento del derecho a determinados colectivos con independencia de sus recursos económicos, el artículo 5 de la LAJG también prevé otros dos supuestos en los que, aún superando el umbral económico legalmente establecido, se podrá reconocer el derecho de manera excepcional:

a) Atendiendo a las circunstancias de la familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación del proceso y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendente de una familia numerosa de categoría especial y sus ingresos no excedan del quíntuplo del IPREM.

b) Atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional.

En definitiva, la gratuidad de la justicia es muy relativa y está llena de matices. Ahora bien, si tenemos en cuenta que este servicio se presta con cargo a fondos públicos, dichos matices deben ser entendidos como mecanismos de control necesarios para asegurar el acceso a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que realmente lo necesiten.

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